La Pampa rechaza el decreto por Los Nihuiles y acusa a Milei de favorecer a Mendoza

La Pampa volvió a cruzar al Gobierno nacional por la disputa de Los Nihuiles, después de que la administración de Javier Milei avanzara con un decreto que la provincia interpreta como un beneficio para Mendoza en el reparto de regalías vinculadas al complejo hidroeléctrico.

El gobernador Sergio Ziliotto rechazó la medida con una acusación política directa: sostuvo que Mendoza ya se quedó históricamente con el río y que ahora la Nación vuelve a inclinar la balanza en favor de esa provincia. La frase resume una pelea larga, atravesada por agua, energía, federalismo y decisiones judiciales.

Una disputa que viene de lejos

Los Nihuiles está asociado al aprovechamiento del río Atuel, uno de los conflictos interprovinciales más persistentes del país. La Pampa reclama desde hace décadas que el manejo del recurso afectó su territorio, su producción y sus ecosistemas. Mendoza defiende sus derechos de uso y la infraestructura desarrollada alrededor del sistema hidroeléctrico.

La Corte Suprema ya intervino en distintos momentos para ordenar instancias de diálogo y criterios de recomposición, pero el conflicto nunca terminó de cerrarse. Por eso, cada decisión nacional sobre regalías, concesiones o administración del recurso se lee en clave política: para una provincia puede ser una corrección administrativa; para la otra, una nueva señal de desigualdad federal.

El impacto ciudadano no es abstracto. En La Pampa, el reclamo por el Atuel forma parte de una memoria territorial que conecta ambiente, producción rural, acceso al agua y desarrollo regional. En Mendoza, el sistema hidroeléctrico y de riego es presentado como infraestructura estratégica. La tensión aparece cuando esas dos miradas chocan y la Nación debe arbitrar.

El frente que se abre

La reacción pampeana anticipa una nueva etapa de recursos políticos y administrativos. Ziliotto buscará nacionalizar el reclamo y presionar para revisar la decisión. El Gobierno, mientras tanto, deberá explicar por qué el decreto no agrava un conflicto federal que ya tiene antecedentes judiciales y una fuerte carga simbólica en la región.